Lo decidió por mayoría, con los votos del interbloque oficialista y la abstención del bloque libertario. Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense se pronunciaron en contra.
El Concejo Deliberante le cedió este jueves al intendente Guillermo Montenegro las facultades para fijar la tarifa del transporte colectivo de pasajeros.
En el marco de un paro por 48 horas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por falta de acuerdo en las paritarias, el cuerpo deliberativo tomó la decisión con los votos del interbloque de Juntos por el Cambio (Vamos Juntos-UCR-Coalición Cívica) y la abstención de Crear más Libertad. Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense votaron en contra.
Tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior, la Cámara de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) pidió una tarifa plana a $ 1071,35, mientras que el estudio técnico de costos de la Subsecretaría de Movilidad Urbana dio $ 786,23.
En ese informe, el área municipal aclaró que si se considera la eliminación total de los subsidios nacionales comunicado el Gobierno nacional la tarifa técnica de ascendería a $ 824,87. También que, si a eso se le suma el pedido de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la paritaria nacional, el valor técnico se ubicaría en $ 912,48.
Tras la definición legislativa, el intendente definirá la nueva tarifa plana (hoy está en $ 297,30) en las próximas horas, según confiaron fuentes oficiales.
El Concejo también prorrogó por un año el estado de emergencia del servicio, establecido en la ordenanza 25152, que le encomienda al intendente “garantizar la prestación del servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros del partido, tomando para ello todas las previsiones legales y administrativas correspondientes”.
El presidente del bloque oficialista, Agustín Neme, hizo un repaso de las dificultades que debió atravesar el sistema en los últimos años, entre ellas la pandemia, cuando se prohibió la utilización del transporte.
También recordó la “profunda discriminación” de las ciudades del interior respecto Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el reparto de subsidios. “No es un problema propio del Partido de General Pueyrredon”, aclaró, y detalló que mientras en 2020 en Mar del Plata los usuarios pagaban el 70% de la tarifa y el 30% era subsidiada, ahora el subsidio apenas alcanza el 10,2%.
El edil se mostró de acuerdo con la decisión del Gobierno nacional de “cambiar la lógica” para que los futuros subsidios vayan a la demanda y no a la oferta, pero admitió que falta “muchísima información” para que se lleve a la práctica con los resultados esperados.
Diego García (Unión por la Patria) advirtió sobre deficiencias del servicio, reclamó el nuevo pliego del transporte y le reprochó al oficialismo haber archivado, en su primer tratamiento, un proyecto de su autoría para generar un observatorio que pudiera seguir la evolución del sistema con la participación del Ejecutivo, las empresas e instituciones barriales.
El concejal opositor también sugirió la conveniencia de que el municipio tenga una línea testigo para conocer de primera mano los costos del sistema, al tiempo que destacó la decisión del Gobierno bonaerense de continuar con el boleto universitario y terciario.
Horacio Taccone, de Acción Marplatense, hizo hincapié en las frecuencias. “Son las que determinan los gastos que tienen las empresas para poner en movimiento los colectivos”, marcó. En esa línea, consideró que el estudio de costos se confeccionó “sobre una base irreal”.
“No podemos continuar como estamos”, admitió Cecilia Martínez, de Crear Más Libertad. También reclamó otro pliego para debatir el futuro del servicio, explicó que la abstención de su bloque busca “no obstaculizar” y acotó que “dos días sin transporte público fue una odisea”.